Clemente Zapata M./LaExpresión
CIUDAD VICTORIA. —Luego de afirmar que el caso en contra de la exsecretaria de Bienestar, Yahleel Abdala Carmona, está sólidamente sustentado, Jesús Eduardo Govea Orozco permite suponer que una vez terminado el proceso podría terminar encarcelada.
El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado citó: “el caso se sustentó sólidamente y va a tener que seguir su proceso en todas las etapas, aunque haya algunas dilaciones o incidencias que no impidan su curso inmediato”, es decir que tendrá un inicio, un desarrollo y un final que inevitablemente llevarían al encierro a Abdala Carmona.
“Yo considero que no”, respondió Govea Orozco, cuando fue cuestionado sobre si el caso en contra de la también excandidata a la Alcaldía de Nuevo Laredo, por el Partido Acción Nacional (PAN), podría “tumbarse”.
En breve entrevista, la mañana de este lunes, el Fiscal General del Justicia explicó que la solidez de un expediente judicial se mide por su capacidad para resistir los embates técnicos y las estrategias de la defensa en los tribunales.
Por ello Govea Orozco, de forma contundente manifestó que el caso penal que se le sigue a Yahleel Abdala Carmona se encuentra plenamente sustentado, lo que garantiza no sólo su continuidad a través de cada una de las etapas del procedimiento legal, sino que se presenten vulnerabilidades que pongan en riesgo su viabilidad.
Como se recordará, el hoy Fiscal General de Justicia, fue quien inició las indagatorias cuando detentó la titularidad de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, dependencia que está procurando justicia al llevar el caso de la exsecretaria del Bienestar durante el sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca.
Cabe destacar que Govea Orozco señaló que el entramado judicial avanza bajo un cronograma riguroso donde la solidez probatoria acumulada hasta el momento se perfila como el principal activo de la acusación, de ahí que las apuestas se inclinen a que las autoridades ministeriales alcanzarían el éxito del proceso, asegurando que cada fase se desahogará con el rigor técnico necesario para evitar resquicios que beneficien a la impunidad.
LO QUE SUCEDIÓ EL PASADO VIERNES
Después de más de un año de aplazar de manera constante su audiencia inicial, Abdala Carmona, la exsecretaria de Bienestar Social de Tamaulipas, finalmente compareció ante la justicia penal en un encuentro que se dio de manera presencial en el Centro de Justicia de Ciudad Victoria, el pasado viernes 12 de junio.
Vistiendo de su color favorito —el morado— y manteniendo una mirada seria, la imputada ingresó formalmente a la “Sala C”, del recinto judicial, para atender las acusaciones asentadas en la carpeta procesal 0733/2025, ante la jueza Gloria Gómez.
A pesar de su asistencia, la jornada, rodeada de una fuerte atención mediática, no significó un avance sustancial en el desahogo de las pruebas, toda vez que la exfuncionaria implementó una nueva estrategia para ganar tiempo y evitar ser vinculada a proceso ese mismo día.
La exsecretaria es señalada formalmente por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, derivados de presuntas irregularidades administrativas cometidas durante el ejercicio de su encargo público.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción indaga un presunto desvío de recursos que, de acuerdo con estimaciones oficiales, supera los mil millones de pesos que habría afectado de manera directa los programas sociales de la entidad.
Las acusaciones apuntan a que los fondos económicos, destinados originalmente a la atención de los sectores más vulnerables de Tamaulipas, fueron desviados mediante contratos y asignaciones fuera de la norma legal, imputaciones que la exservidora pública ha rechazado reiteradamente mientras el Ministerio Público mantiene abierta la carpeta penal a la espera de la vinculación formal.
Al iniciar la sesión, Abdala Carmona solicitó a la Jueza de Control suspender y aplazar el desahogo de la audiencia inicial, bajo el argumento principal de la ausencia imprevista de sus litigantes titulares.
La acusada afirmó que sus abogados de confianza no lograron llegar a tiempo al Centro de Justicia, viéndose en la necesidad de contratar a un defensor particular de última hora.
Bajo este escenario, la defensa entrante alegó que resultaba materialmente imposible conocer de forma inmediata el contenido de la investigación, debido a que el expediente del caso es sumamente voluminoso, compuesto por once tomos y más de tres millones de archivos electrónicos. Ante esa situación se solicitó una prórroga de diez días para imponerse adecuadamente de la carpeta, al tiempo que la acusada señaló supuestas violaciones a su presunción de inocencia por parte de los fiscales.
Por lo anterior, la jueza Gloria Gómez determinó conceder el aplazamiento solicitado por la defensa con el fin de salvaguardar los derechos procesales de la imputada, pactando la nueva fecha para llevar a cabo la audiencia inicial el próximo 25 de junio a las 17:00 horas.
No obstante, la juzgadora tomó una medida drástica para frenar los retrasos sistemáticos que arrastra este caso en particular y ordenó la asignación obligatoria de un defensor público de oficio para la acusada.
Con este blindaje legal se busca evitar que en la próxima cita se implemente la misma estrategia dilatoria, ya que, si el abogado particular vuelve a ausentarse, el defensor del Estado asumirá la representación de manera inmediata.
Cabe destacar que la jueza Gómez es ya la tercera autoridad judicial que atiende este complejo expediente, luego de que la indiciada lograra revocar a los dos juzgadores anteriores mediante diversos recursos legales, manteniendo el proceso penal 0733/2025 como uno de los juicios más vigilados por la opinión pública tamaulipeca.
