Redacción/LaExpresión
CIUDAD DE MÉXICO. —El Tribunal de Disciplina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la inhabilitación del juez federal Juan Fernando Alvarado López, tras determinar que actuó de manera parcial e ilegal para favorecer al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
La resolución, publicada ayer, deriva de una investigación que documentó múltiples irregularidades en decisiones emitidas por el juzgador, entre ellas la concesión de suspensiones que durante cuatro años obstaculizaron la acción de la justicia en favor del exmandatario estatal.
De acuerdo con el expediente, el Tribunal acreditó que el juez actuó con parcialidad al otorgar medidas cautelares que impidieron el avance de procesos judiciales en contra de García Cabeza de Vaca, quien enfrenta dos órdenes de aprehensión por delitos graves como delincuencia organizada, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La investigación se originó durante el proceso electoral de 2024, cuando el exgobernador intentó registrarse como diputado federal de representación proporcional por el PAN. Para ello, buscó acreditar residencia en territorio nacional y recuperar el pleno ejercicio de sus derechos políticos, pese a que, desde septiembre de 2022, abandonó el país.
Mediante resoluciones emitidas por el juez ahora inhabilitado, se intentó obligar al Ayuntamiento de Reynosa a expedirle una carta de residencia. Aunque la Sala Superior del Tribunal Electoral revocó su registro como candidato, el juzgador le concedió una suspensión para que fuera inscrito, ignorando la determinación electoral e intentando modificar su condición jurídica.
Desde 2022 se habían presentado más de 37 quejas contra jueces y magistrados federales de Reynosa por presunta protección al exmandatario, lo que derivó en la indagatoria que culminó con la sanción.
El Tribunal de Disciplina concluyó que Alvarado López incurrió en faltas graves al intervenir indebidamente en asuntos de carácter político-electoral, violando los artículos 99 y 107 constitucionales, que establecen que los jueces de distrito carecen de competencia para pronunciarse sobre derechos político-electorales.
Entre las actuaciones señaladas destaca también la suspensión otorgada para proteger al entonces fiscal especializado en Combate a la Corrupción en Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda, e impedir su remoción, pese a no contar con exámenes de control y confianza vigentes.
La resolución determinó que dichas medidas atentaron contra el orden público y el interés social, al interferir en atribuciones exclusivas de otras instancias.
En el resolutivo, el Tribunal sostuvo que las actuaciones del juez formaron parte de una estructura de complicidad que permitió a García Cabeza de Vaca evadir la acción de la justicia.
“Cabeza de Vaca formó y financió una red de complicidad y corrupción para blindarse y evadirse de la acción de la justicia”, señala el documento.
Asimismo, se concluyó que las suspensiones concedidas tenían como objetivo obstaculizar tanto a la Fiscalía General de la República como a los jueces de control encargados de procesar los casos en su contra.
Por la gravedad de las conductas, el Tribunal determinó la inhabilitación de Juan Fernando Alvarado López para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
La decisión, subraya la resolución, confirma que durante años operó una red judicial que favoreció al exgobernador tamaulipeco y que ahora comienza a desmantelarse.
