Redacción/La Expresión
TAMPICO, Tamaulipas. —Por asignarle un género incorrecto, la regidora morenista Lorena Ortiz Ramírez, primera edil trans en Tamaulipas, presentó denuncias por violencia política en razón de género, contra la regidora panista María del Carmen Díaz Barrios, acusándola de actos de discriminación durante una sesión de Cabildo en Tampico.
Ortiz Ramírez explicó que el proceso inició en Derechos Humanos, instancia que la canalizó a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres por Razones de Género (Fenamm), la cual determinó turnar el caso al Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) por tratarse de un asunto de violencia política.
“La primera denuncia que fui a poner fue a Derechos Humanos, que me canalizó a la Fenamm, quien a su vez la canalizó al Ietam”, relató la regidora.
La edil añadió que también presentó recursos ante la Contraloría de Tampico, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), con el fin de que todas las instancias competentes documenten el caso.
Los hechos que motivaron las denuncias ocurrieron el 5 de noviembre, cuando, durante la sesión de Cabildo, la regidora panista Díaz Barrios leyó un documento en el que se refería a Ortiz como “regidor”, y textualmente mencionó “un regidor identificado como Lorena”, lo que se considera “Misgendering” (asignar a una persona un género incorrecto).
La morenista reaccionó de inmediato, señalando que el trato recibido constituía un acto de violencia política: “Se me está violentando porque es regidora con ‘a’”, reclamó durante la sesión.
En posteriores declaraciones, Ortiz Ramírez sostuvo que su decisión de denunciar responde a la necesidad de frenar prácticas que siguen afectando a la comunidad LGBT+ en espacios públicos.
“Creo que la mayoría todavía tiene esos tapujos, esa discriminación, esa homofobia hacia la comunidad. No digo que toda la gente mayor, pero sí hay”, expresó.
El caso será analizado por el Ietam, que deberá determinar si existió violencia política de género por parte de la regidora panista y, en su caso, establecer las sanciones correspondientes.
