Alejandro Paz/La Expresión
Ciudad Madero. – El alcalde Erasmo González Robledo autorizó el pago millonario por la realización de obra pública a Donaldo de Jesús Zamora González, vinculado a una red de socios, con conexiones legales a la empresa “Grupo Base Energéticos” investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) de realizar contrabando de hidrocarburos o “huachicol fiscal” desde Altamira y Tampico, Tamaulipas.
Obra pública bajo sospecha
De acuerdo con la información obtenida por el periódico digital “La Expresión” el gobierno de Ciudad Madero entregó contratos de obra pública a la empresa “Torremora, Construcciones y Proyectos”.
La empresa fue inscrita en enero del 2025 por el notario número 242, Celso Pérez Amaro, en Ciudad Victoria, obteniendo el Folio Mercantil Electrónico (FME) 2025003928, y solo tres meses después obtuvo del alcalde Erasmo González Robledo tres millones 913 mil 206 pesos.
El presupuesto fue para tres obras; una para rehabilitación de la línea de agua potable y servicios domiciliarios, otra para rehabilitación de la línea de drenaje sanitario y servicios domiciliarios, la última para pavimentación a base de concreto hidráulico, todo en la calle José María Pino Suárez de la colonia Ampliación Emiliano Zapata, según la información oficial divulgada por el área de Comunicación Social y obtenida del contrato C-DGOP-002/2025.
Los socios detrás de la obra
El acta constitutiva de la mencionada empresa, obtenida en el Registro Público del Comercio (RPC) da a conocer que uno de los socios es Donaldo de Jesús Zamora González.
Donaldo de Jesús, también es integrante de la empresa “Asfaltos de la Riviera”, creada en octubre del 2023 en el estado de Quintana Roo, por el notario Francisco Lechón Ruiz.
En esta última se encuentra Manuel Rodríguez Botello, quien a su vez aparece como socio de Abraham Banda Flores en la empresa “Obras & Más Grupo Base”, constituida en el año 2018 en Salamanca, Guanajuato por el notario Gabriel Medina Rodríguez.
Este último no es un nombre cualquiera, porque Banda Flores es dueño de “Grupo Base Energéticos”, constituida en junio del 2024 ante la notaría número 54, de José de la Luz Santibáñez e identificada recientemente por autoridades federales como parte de una red de “huachicol fiscal”.
La investigación federal
Según la causa penal 325/2025 integrado por la FGR después de un análisis integral del Centro Federal de Inteligencia Criminal se descubrió que “Grupo Base Energéticos” reportó tener en promedio 17 empleados, en los ejercicios que comprenden del 2021 a 2023, con ingresos anuales promedio de 760 millones de pesos.
Aunque se descubrieron diferencias al realizar la verificación de los comprobantes fiscales vigentes y de la declaración anual por el ejercicio de 2023.
“Se conoció que la empresa Grupo Base Energéticos, S.A. de C.V. facturó menos de lo que declaró en el rubro de ventas y/o Servicios Nacionales”, detalla el expediente.
Además, el análisis realizado a la información de comercio exterior descubrió que la empresa tramitó 16 operaciones de exportaciones definitivas en el año 2023, pero en la declaración anual por el ejercicio de 2023 no los manifestó.
“La empresa estaría incumplimiento en sus obligaciones fiscales y podría estar afectando el cálculo de la declaración anual, de ser así, se estaría generando un daño al fisco con la posibilidad de una defraudación fiscal”, señala la investigación
Para la Fiscalía General de la República “Grupo Base Energéticos” realizó compras de hidrocarburos o derivados, consistente en diésel, gasolina, aceites y lubricantes, correspondientes a los ejercicios del 2021 al 2023 sin declararlos.
Red criminal e implicados de alto nivel
Dicha investigación permitió la captura el 19 de agosto de 2025 de 13 personas, incluido el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
Aunque el alcalde de Madero ha negado tener relación en el denominado “huachicol fiscal”, se revela lo contrario con la revisión de contratos de obra pública, actas mercantiles, registros oficiales y el acceso a expedientes federales por parte del periódico digital “La Expresión”.
