En la ‘cuerda floja’ sustento de 10 mil familias por posible cierre de negocios

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Rufino Aguilera / La Expresión

En Tampico. De volver a cerrar negocios o reducir horarios en la zona sur de Tamaulipas por norte de la autoridad sanitaria para contener los contagios de Covid-19, poco más de diez mil familias volverían a enfrentar una crisis económica y falta de empleo.

Así lo manifestó el presidente de la Asociación de Empresarios de Restaurantes y Alimentos Condimentado, Reyes González, quienes están en la incertidumbre de qué medidas implementará el Comité Técnico de Seguridad en Salud en el nuevo decreto gubernamental de este 15 de enero, con el cual buscan contener la propagación del virus Sars-CoV-2.

“Hemos pedido a la autoridad a que nos inviten a la mesa donde se toman las decisiones para aplicar las restricciones sanitarias que evitan contagios, el año pasado solicitamos a Chucho Nader y nunca nos quiso atender, no le estábamos pidiendo despensas, le estábamos pidiendo nos asesorara y nos canalizará con los que encabezan el Comité Técnico de Seguridad en Salud para que nos escucharan y poder plantearle otras estrategias y no afectar al señor comercial”, expuso.

Mencionó que el año pasado hubo decretos que salían el viernes por la noche y al día siguiente entraban en vigencia, situación que complicaba todo pues ya se tenía toda una logística para llevar acabo un evento con cierta capacidad de asistentes, los familiares ya tenían todo pagado comprado, así como a invitados foráneas y los reclamos era para el propietario del salón de eventos y no para la autoridad.

Indicó que, en la Ciudad de México, cuando se dio el cierre de restaurantes de apoyo a los trabajadores de ese sector con un salario mínimo para que no quedaran desprotegidos, aquí no se hizo nada al respecto por parte del Gobierno del Estado, por ello se insiste en que se cuente con un seguro para este tipo de contingencias sanitarias y poder cubrir las necesidades de la población.

De igual forma solicitaron pagar de las licencias de alcoholes sólo la parte proporcional que la autoridad estatal y municipal los ha dejado trabajar y no cubrir los 40 mil pesos que cuesta este permiso de manera anual.
Confían en que no venga con medidas muy estrictas el nuevo decreto, ya que no superarían un quebranto más a la economía de todo el sector comercio.