“Financia” alcalde de Matamoros transporte ilegal

Alejandro Paz/La Expresión

Matamoros.- La ilegalidad en Matamoros es “financiada” por el alcalde Mario Alberto López Hernández alias “La Borre” al dar contratos de dos millones de pesos a unidades del transporte escolar con una antigüedad de hasta 25 años.

La ley del Transporte del Estado de Tamaulipas en su artículo 92 Bis establece que para los vehículos que se destinen a la prestación del servicio de transporte en las modalidades de especializado y carga, así como de los servicios auxiliares será de una antigüedad máxima autorizada de 12 años, incluyendo el transporte escolar.

Este articulado fue reformado en diciembre del 2017 de acuerdo a la publicación realizada en el Periódico Oficial del Estado, sin embargo, información en poder del periódico digital “La Expresión” exhibe que para la administración municipal de Matamoros la ley de Transporte no existe.

La consulta realizada detalla que el alcalde Mario Alberto López Hernández mediante los contratos con las letras MAT-EDU-AR numerales 66/2018, 67/2018,68/2018,69/2018,70/2018,71/2018,72/2018,73/2018 y 74/2018 arrendó cuatro autobuses marca Ford B600 y B700 de modelo 1994, y por tres Freightliner, dos modelo Thompson y uno F565 de modelos 1998, 2000 y 2002, respectivamente, también se rentaron dos autobuses marca International 3800 de modelo 1995 y 2000.

Nuevamente, en enero de 2019 mediante adjudicación directa aprobada por el Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales se autorizó el arrendamiento de ocho autobuses identificados mediante los contratos con letras MAT-DU-AR numerales 77/2019, 78/2019, 99/2019, 100/2019,101/2019, 102/2019, 104/2019 y 105/2019 por cuatro unidades marca Ford B600, B700, ambas modelo 1994 y también por unidades marca Freightliner, dos tipo Thompson y uno F565 de modelo 1998, 2000 y 2002, así como un autobús marca International tipo 3800 modelo 2000.

Durante este mismo año se realizaron los contratos con las letras MAT-EDU-AR folios 96/2019, 97/2019, 98/2019 y 149/2019.

Por el primer contrato se estableció el arrendamiento de un autobús Freightliner modelo 2000 con número de serie 4VZ6CFACZYCG39924, mientras que el segundo contrato fue para un International modelo 2000 número de serie 1HUBRABN12B918256, el tercero fue por un camión International modelo 2020 con serie 1HUBBABPXYH306388 y el último fue para un International modelo 2004 con número de serie 4DRBRABM965922.

La administración municipal de López Hernández reveló que estos contratos fueron dados a Elsa Sarife Jorge Muñoz, Jesús Ricardo Zaragoza Carpio y la empresa “Corefamex”, cuyo representante legal es Natalia Viridiana Trujillo Amaya.

De los primeros proveedores el municipio de Matamoros decidió proteger la identidad basándose en el artículo 3 fracción XVIII de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Tamaulipas.

Para la empresa “Corefamex S.a de C.v” dejó evidencia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) COR130809L55 con domicilio en calle Uruapan número 36 del fraccionamiento Victoria.

Y fue mediante una inspección física en que se descubrió que se encuentra establecida en el traspatio de una vivienda, con cortinas metálicas cerradas y en abandono, pero sobre la calle Sinaloa y en el traspatio de una vivienda.

Para la ley del Transporte de Tamaulipas quien preste el servicio público de transporte, sin contar con la concesión o permiso correspondiente será acreedor a una multa de doscientas ochenta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización tratándose de transporte individual de pasajeros y especializado.

Mientras que una multa de cuatrocientas ochenta a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, cuando se aplique a transporte colectivo de pasajeros, transporte de carga y a los servicios auxiliares.

Cabe mencionar que algunos de los contratos a los que se tuvo acceso fueron firmados en abril de este año por el oficial mayor Carlos Iran Ramirez Gonzalez, segundo sindico Isidro Jesús Vargas Fernández y el secretario de Educación, Cultura y Deporte, Alejandro Villafañez Zamudio solo un mes antes que la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas realizara un operativo contra unidades ilegales.

Lo anterior generó que los propietarios de las unidades causaran bloqueos en vialidades del mencionado municipio, por lo que tuvo que intervenir el gobierno estatal ante la  falta de solución de la administración municipal, aún cuando los transportistas se instalaron frente a las oficinas de la Presidencia de Matamoros.

En las clausulas de los contratos refiere que el Ayuntamiento asumió el costo de mantenimiento, operación y suministro diario de 40 litros de diesel para las unidades, así como el pago mensual de 31 mil pesos.

Es decir, que de octubre del 2018 a junio del 2019 el gobierno municipal pagó por transporte ilegal un millón 953 mil pesos.